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Ponencia para el Encuentro Nacional

La inseguridad como sistema delictivo
contra la sociedad y la moral pública:
Propuestas alternativas

Dr. José Villarreal V. - Dr. Alejandro Matos

Asesores jurídicos y miembros del Movimiento Popular Alternativo (MPA)


Se nos ha pedido hablar un poco sobre la inseguridad y de ser posible, aportar estrategias efectivas para enfrentar esta cruda y difícil realidad que por lo demás envuelve el destino de muchos seres humanos por diversas razones.


Podríamos decir, que a lo largo de la historia democrática del país, la inseguridad ha sido un tema recurrente en los foros académicos, políticos, sociales con efectos alarmantes sobre la opinión pública en general.


El discurso en contra de las constantes acciones criminales ha sido transversal en todos los gobiernos y tendencias que han dominado la escena política venezolana, sin que hasta la presente fecha hayan encontrado una solución que no sean las tradicionales ineficaces y efectistas, como lo son los operativos policiales, hoy denominados OLP, “operativos de liberación del pueblo”, mediante los cuales se violan los derechos humanos de humildes ciudadanos; y lejos de capturar con vida a los verdaderos delincuentes para que se aplique a través del debido proceso la sanción prevista en la normativa legal, se les asesina en presencia de infantes y de personas de la tercera edad, causando en estos secuelas muy graves para el presente y el futuro de nuestra sociedad.


Todo ello revela que el Gobierno Nacional que preside el ciudadano Nicolás Maduro Moros, carece de una política criminal definida. En virtud de ello, nos permitimos exponer y proponer algunas consideraciones:


Sin duda alguna, una de las instituciones que más ha perdido credibilidad ha sido la JUSTICIA, representada y amparada por el Poder Judicial y la correspondiente interacción con el Poder Ejecutivo y del Poder Ciudadano. Cierto que es debido a grandes circunstancias, pero principalmente porque el interés personal material y partidista ha prevalecido sobre el interés general de la nación y de los colectivos sociales desde la familia hasta vecindades, ciudades y sectores sociales, económicos y culturales.


"Proponemos la declaratoria de emergencia del sistema penitenciario

No es posible que una Nación pueda subsistir normalmente teniendo un Poder Judicial o “Parapeto Político”, como el que tiene el país, en el que algunos Jueces y Magistrados Judiciales son nombrados a dedo, por amiguismo o clientelismo, con falta del más mínimo concepto de Honestidad y Probidad e incluso del Derecho mismo. 


En Tribunales que deberían ser considerados como Templos Sagrados donde predomine el principio de que en la Ley encontramos a Dios y todos somos iguales ante él, si Jesucristo reencarnara y estuviera presente en un Tribunal Venezolano, volvería a sucumbir y expresaría su repudio como lo manifestó cuando saco a comerciantes y especuladores de las Iglesias católicas en la era Romana.


Tenemos leyes que lejos de subsanar el problema de fondo, acrecientan la represión del delito, y no su prevención que sería por demás efectiva y económica a futuro, y es en el futuro donde encontramos el mayor peligro, al crearse todas las condiciones necesarias para el crecimiento y aceleración del delito institucionalizado en una nación caracterizada por su descomposición social.


Eduardo Martínez Díaz en su artículo del Miércoles 5 de Junio de 1.996 ¿Qué significa la Justicia? (El Universal), afirmaba: “Nuestro Sistema Judicial, malditamente por no utilizar otro calificativo, se mueve en función de la debilidad o la fortaleza de las personas; y esa debilidad o fortaleza se mueve en función del poder político o del dinero”. Nosotros complementamos esta expresión diciendo que todo es el producto de la transgresión de la norma jurídica perfecta, además de una cultura que ve en este modus vivendi el medio más expedito para satisfacer sus intereses personales, cayendo de esta manera en las imperfecciones inherentes al ser humano, por no saber ni darse cuenta que el resquebrajamiento del sistema precipitará la desaparición de los valores insoslayables de la dignidad humana, pues no habrá más Venezuela para corromper y dilapidar sus inmensos recursos.


Reiteramos que el problema no radica en las Leyes. Claro que siendo ellas obsoletas acrecientan el mal, pero el problema está en la imperfección humana que torna al hombre inerme y presa fácil del delito, y al no percatarse de que hacer de buena fe las cosas, sería el camino más viable. Ahora bien, si se inhabilita a los venezolanos de Justicia nos sumergiríamos en una muy triste realidad y solo se conocerán las de la jungla, donde el más fuerte y poderoso es quien sobrevive, prevaleciendo sobre el débil.


Ulpiano se atrevió a definir la Justicia como la voluntad constante y perpetua de dar a cada quien lo que corresponde. Entonces nos preguntamos: ¿si Ulpiano advirtió de la Desvalorización de la Calidad Humana de los siglos venideros, qué ha engendrado que algunos Tribunales Judiciales Venezolanos sean hervideros de negocios sucios, “matraca” y clientelismo político, por lo que la opinión pública manifiesta que el peor delito es creer en la Justicia?


"Tenemos leyes que lejos de subsanar el problema de fondo, acrecientan la represión del delito, y no su prevención que sería por demás efectiva y económica a futuro"

Para contribuir a subsanar esta grave situación, creemos conveniente: 


a) Dirigir nuestros esfuerzos hacia la definición y delineación de una real y verdadera política criminal que abarque todo el sistema de Administración de Justicia incluido el sistema Penitenciario y que no se limite a los cuerpos de seguridad, gravemente corrompidos, fenómeno reproductor del delito que alcanza también a sensibles áreas del Ministerio Público.


b) Implantación con carácter obligatorio de los concursos públicos de oposición para todos aquellos profesionales del derecho que aspiren a ser Jueces de la Republica en cualesquiera de las áreas o instancias. Dichos concursos deben realizarse en tres etapas, a saber: i.- Presentación de Credenciales; ii.-Someterse a un riguroso examen médico–psiquiátrico; y examen de conocimiento general del Derecho y de manera especial sobre el área de su preferencia. 


c) Creación de un Equipo Multidisciplinario integrado por médicos internistas, psicólogos y psiquiatras de reconocida solvencia moral, ética y profesional, los cuales tendrán la misión de evaluar la salud física y mental de los Jueces del País con carácter obligatorio al menos anualmente. 


d) Redactar un Proyecto de Ley con miras a lograr que en el futuro los Jueces sean elegidos mediante el Sufragio Popular. En este sentido, existe la experiencia nacional de la elección de los Jueces de Paz y Juntas Comunales. 


e) Eliminación de la figura del Juez Provisorio, en el entendido de que a cada Juez Titular le es designado el Suplente correspondiente, quien lo sustituye en los casos permitidos por la normativa legal. 


f) Reformar la Ley contra la Corrupción o redactar otra que permita la aplicación de sanciones ejemplarizantes para todos aquellos Magistrados, Jueces Titulares o Suplentes que se les demuestre su responsabilidad en hechos de corrupción. 


g) Reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de readaptarla a la nueva realidad que está exigiendo la ciudadanía de este siglo. 

"En cuanto a los cuerpos policiales, el caos no puede ser peor (...) Creemos que deben ser redimensionados y despolitizados, poniendo en práctica la formación de un funcionario principalmente de origen vocacional y apegado a la ética del servicio público"

En cuanto al Ministerio Público, es urgente su despolitización e independización del Poder Ejecutivo, toda vez que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, prefiere no acudir ante sus funcionarios por estimar que al hacerlo pierde su tiempo, ya que sus planteamientos no son atendidos con prontitud y en muchos casos no recibe oportuna respuesta, tal y como lo establece el artículo 51 del texto constitucional vigente.


En cuanto a los cuerpos policiales, el caos no puede ser peor, politizados, corrompidos e infiltrados por sujetos que se amparan en su condición de funcionarios para perpetrar toda clase de delitos. Creemos que deben ser redimensionados y despolitizados, poniendo en práctica la formación de un funcionario principalmente de origen vocacional y apegado a la ética del servicio público.


En cuanto al Sistema Penitenciario, es un tenebroso caos que padecen más de 80 mil presos en las cárceles venezolanas, mejor conocidas por todos como depósitos y recintos de perdición humana; en los cuales la pena no cumple con su esencia. La prisión no debe ser para el procesado o penado un muro de contención, ciego y abrumador, seguridad de los demás y sepulcro suyo, sino una institución viva y eficaz en función de una actividad terapéutica que lo cure y rehabilite para servir a la sociedad. Tenemos profesionales para delinquir y transgredir la Ley, formándose lo que nosotros llamamos “El Ciclo Delictivo”, porque al egresar de estos recintos (salvo excepciones), incurren en delitos más graves que los antes perpetrados o son reclutados por el narcotráfico, mafias delictivas y formaciones parapoliciales (“colectivos del terror”), creadas, armadas, financiadas y protegidas por el Gobierno Nacional. Mientras perdure este tipo de catacumbas, el crimen en todas sus manifestaciones continuará extendiéndose a lo largo y ancho del territorio nacional: durante el año 2012, se perpetraron 21.692 homicidios; y en el año 2015, fueron 27.875, estimándose que para el 31–12-2016, una escalofriante cifra superior a los 30.000.


"No obstante que la Ministra del área niega la dantesca situación que viven los presos en estos recintos..."

No obstante que la Ministra del área niega la dantesca situación que viven los presos en estos recintos, en los que reina el “pranato”, crueldad, asesinatos, drogadicción, promiscuidad, ocio, hacinamiento y corrupción generalizada, que son algunos de los males que conlleva la política penitenciaria que dirige el presidente Nicolás Maduro y ejecuta su flamante Ministra para los Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, por lo que proponemos la declaratoria de emergencia del sistema penitenciario y la consecuente renuncia de esta y la aplicación de las siguientes medidas:


a) Convocar especialistas del talante de los doctores Alberto Arteaga Sánchez, Fermín Mármol García, Humberto Prado, Blanca Rosa Mármol de León y José Humberto Villarreal, entre otros. 


b) La recta aplicación del artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.


c) Poner en marcha un plan de construcción de Industrias Penitenciarias y no de Cárceles. 


d) La creación de una Dirección de Formación Ocupacional.


e) Construcción de un Hospital Nacional Penitenciario. 


f) Establecer la figura del “Médico de Guardia” en las cárceles del país. 


g) Implementar una verdadera política agrícola y pecuaria para la población penitenciaria. 


h) Impulsar la Educación Básica, Especial y Superior. 


i) Creación de un Instituto de Cultura y Deportes. 


j) Poner en marcha un plan por la Paz Penitenciaria que permita el rescate de las instalaciones y el desarme de la población penal, sin causar víctimas. 


k) Impulsar la reforma del Código Penal vigente a fin de imponer penas ejemplarizantes a todos aquellos funcionarios (civiles o militares) que sean sorprendidos introduciendo cualquier tipo de armas y drogas a un recinto penitenciario. 


l) Implantar la figura del “Fiscal del Ministerio Público de Guardia” en cada entidad regional para esta área. 


Finalmente, proponemos una fórmula mágica: “Honestidad, Educación, Trabajo, Cultura y Deportes”, para resolver el caos penitenciario.


Caracas, noviembre de 2016